Pascual Serrano. Octubre 2002

En la escalada militarista de Estados Unidos, justificada tras los atentados del 11-S, destaca el inminente ataque a Iraq. Los intentos de justificación por parte del presidente norteamericano pocas veces habían sido tan incoherentes ni habían supuesto un nivel tan alto de burla a la inteligencia y al sentido común de la comunidad internacional. Se fundamentan en la existencia por parte de Sadam Hussein de armas de destrucción masiva.

Pero frente a esa falsa justificación, no dejan de aparecer voces más que acreditadas que la desautorizan. El ex inspector de la ONU en Irak, Scott Ritter, máximo responsable de la delegación de inspectores de la UNSCOM entre 1993 y 1998, ya ha afirmado que no encontró una sola fábrica de las que se le imputan a Iraq y añade la imposibilidad de que se hayan construido posteriormente. También es oportuno recordar que la salida de los inspectores ese año fue con motivo del la Operación Zorro del Desierto, en diciembre del 1998, no hubo una expulsión por parte de las autoridades iraquíes. Otra de las voces legitimadas para desautorizar la tesis de Bush ha sido la del capitán de navío Basilio Martí, el militar español de mayor graduación que integró el equipo de inspección de la ONU, quien señaló que nunca se habían encontrado armas prohibidas en Iraq y es difícil que las haya.

Mientras esto sucede, los inspectores de las Naciones Unidas ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno iraquí para poder investigar sin limitación alguna todas las instalaciones que desearan de territorio iraquí a excepción de media docena de palacios presidenciales por razones dignidad nacional. Algo que desmontaba las intenciones de Bush, por lo que vimos entonces que, paradójicamente, era Estados Unidos quien hizo todo lo posible para evitar que se desplazaran los inspectores a Iraq, ¿no era Sadam quien no quería?. Cuando la propaganda norteamericana difundió imágenes aéreas de la reconstrucción de edificios bombardeados argumentando que se trataba de industrias de armamento, en sólo 24 horas el gobierno iraquí estaba invitando a los inspectores a visitar esos edificios.

Resulta también saludable señalar que este mismo sanguinario dictador que gobierna Iraq es el mismo que en 1988 recibía de Estados Unidos las últimas generaciones de antrax o material de doble uso válido para la fabricación de armas químicas y biológicas para su guerra contra los opositores, o 500 millones de dólares en subsidios para comprar productos agrícolas norteamericanos.

A estas alturas, creerse la tesis norteamericana de la existencia de armas de destrucción masiva como justificación para la intervención, tal y como hace el gobierno español, es incompatible con la decencia o la inteligencia. Más aún, tras las últimas declaraciones de la Administración Bush prometiendo el reparto del botín –petróleo iraquí- entre los países que participen en la masacre. Ya ni se presenta como el reparto de las inversiones para la reconstrucción, como se hizo con Yugoslavia.

Mientras tanto, las voces levantadas denunciando las intenciones criminales del gobierno Bush no sólo proceden de masivas manifestaciones en todo el mundo y manifiestos colectivos de intelectuales de izquierda, sino de personajes a los que no se podría calificar precisamente de antiamericanos recalcitrantes como el ex fiscal general Ramsey Clark, el candidato demócrata Al Gore, el senador Robert Kennedy, el recién Premio Nobel Jimmy Carter e incluso senadores demócratas que han llegado a afirmar que "se huele el ambiente de Vietnam".

No nos engañemos, la denominada oficialmente "Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos", presentada por su presidente el pasado mes de septiembre instaura la teoría del "ataque preventivo", algo que, como recordaba Pietro Ingrao, era la esgrimida por Hitler para justificar sus invasiones precedentes a la II Guerra Mundial, lo que convierte el documento norteamericano en el nuevo Mein Kampf de George Bush. Esa tesis rompe cualquier principio de derecho internacional, basado en al ilicitud de agredir a cualquier país si antes éste no ha recurrido a la violencia, principio legal ya violado por Estados Unidos en Yugoslavia y Afganistán. No es esa la única legislación internacional atropellada por Bush. El campo de concentración de Guantánamo convierte en papel mojado uno de los grandes avances del derecho humanitario internacional, la Convención de Ginebra, destinada a dignificar el trato a los prisioneros de guerra. Allí, la actitud norteamericana ha sido la de no reconocer a los recluidos la condición de prisioneros de guerra, lo que les envía a un limbo judicial que ha permitido no sólo la tortura, la ausencia de asistencia letrada y el incumplimiento de tratados de extradición, sino el traslado a terceros países para ser interrogados sin control ni supervisión de sistema judicial alguno ni organismo de derechos humanos.

Si contrastamos la violencia ejercida por Estados Unidos contra Yugoslavia, Afganistán o Iraq con la connivencia y complicidad con Israel, que acumula 35 resoluciones de las Naciones Unidas incumplidas, o dictaduras como las de Jordania, con el parlamento disuelto por decreto real; Nigeria, permitiendo la lapidación de mujeres; Paquistán, con un peligroso arsenal nuclear, o la gran mayoría de monarquías feudales del Golfo, podemos descubrir que, tras el discurso de lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia y los derechos humanos, lo único que se oculta es la consolidación de un sistema de dominación mundial basado en el asesinato de inocentes y la constante conculcación del derecho internacional al puro estilo del III Reich. Y Aznar y Blair, en el papel de Goering y Himmler.

Octubre 2002