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Acciones de DocumentoEspaña, República Bananera Laboral10-10-03 Pascual Serrano El primer día de octubre, Tele 5 presentó la noticia de una subida de 15 céntimos de la botella de butano. Entre los elementos que acompañaban la noticia, aparecen de un modo complementario las declaraciones de dos repartidores marroquíes contándonos que ellos no cobran un sueldo, sólo lo que les dan en propinas. Ahí tenemos, presentado de un modo irrelevante con motivo de una subida del butano, una situación escandalosa en las pantallas de un informativo nacional que no parece que a nadie le importe. Unas personas trabajando para otras a cambio de nada, gratis. Evidentemente ni hay contrato, ni sueldo mínimo, ni seguridad social. Mucha negociación sobre salario mínimo, tipos de contrato o coberturas sociales, cuando existe gente en España que trabaja gratis, lo dice ante las cámaras y no sucede nada. No es el único caso estremecedor. Durante el último fin de semana de septiembre, en la comarca valenciana de Requena, los empresarios y propietarios vitivinícolas iniciaron una huelga de protesta porque inspectores de trabajo y Guardia Civil detuvieron y sancionaron a unos agricultores y sus vendimiadores, inmigrantes irregulares sin contrato. Todos se escandalizaron, la comarca entera se paralizó indignada debido a que la vendimia se resuelve en nuestro país con trabajadores sin contrato, en su mayoría inmigrantes sin papeles que ni siquiera saben cuánto les van a pagar, sin seguro de accidentes, sin cobertura médica... Los alcaldes de la comarca, representantes de los partidos que aprobaron esa misma ley de extranjería que estaban aplicando los inspectores de trabajo, denuncian públicamente que si no es con este tipo de inmigrantes no se puede recoger la uva. A los pocos días se desconvocan las movilizaciones, según declaraciones a los medios de comunicación de los propios empresarios agrícolas, porque han llegado a un acuerdo con "Valencia" para suspender las inspecciones, es decir, para que no se aplique la ley. A los pocos días, en las comarcas vecinas, una vez que ya ha terminado la vendimia y los inmigrantes ya no hacen falta, la Guardia Civil inicia redadas a la búsqueda y detención de los inmigrantes sin papeles. Se trata de unos hechos que deberían escandalizar a cualquiera. Las propias autoridades ignoran la ley cuando se trata de explotar a inmigrantes a los que se les niegan derechos laborales y ciudadanos -sólo se les permite ser explotados- y, una vez que ya no son necesarios, se recurre a la ley antes ignorada para expulsarlos. La última "perla laboral" es una sentencia emitida por los informativos del 7 de octubre. Un juez reconoce los derechos laborales de una prostituta que prestaba sus servicios en un club al que abonaba la mitad de sus honorarios. La sentencia establece el pago de 18.000 euros por parte del club a la prostituta y su readmisión. Lo que aparenta ser una sentencia favorecedora de los derechos de esta mujer observamos que incluye la readmisión. Es decir, que vuelva a trabajar de prostituta para un proxeneta propietario de un club que se queda con la mitad del dinero. Suponemos que en las mismas condiciones anteriores, la mitad de los honorarios para el club y sin derechos laborales algunos, porque en nuestro país se puede ejercer la prostitución pero no se puede contratar a una mujer para que trabaje de prostituta en nuestro negocio. Y mientras todo eso ocurre, partidos políticos, sindicatos y administraciones central, autonómica y local negocian, debaten, firman acuerdos, leyes y convenios en sus despachos.
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