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Acciones de DocumentoLa procuradora de Derechos Humanos de El Salvador pide reabrir el juicio por el asesinato de los jesuitas10-11-02 La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador pide reabrir el juicio por el asesinato de los jesuitas
Pascual Serrano La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, solicitó la derogación de una ley de amnistía para que se pueda procesar a los autores intelectuales del crimen de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989, entre ellos el director de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Ignacio Ellacuría. Los autores materiales, pertenecientes al Ejército, si bien fueron juzgados y condenados fueron amnistiados sin un breve paso por la prisión. En cuanto a los autores intelectuales nunca se investigó ni juzgó. En una extensa resolución entregada a los medios, la oficina de la procuradora demandó a las instituciones del Estado -tribunales, gobierno y asamblea legislativa- que actúen como un "imperativo de la moral pública de justicia". La procuradora considera necesario derogar la ley de amnistía. Según Beatrice de Carrillo, la resolución tiene la intención de hacer reflexionar a las máximas autoridades de salvadoreñas sobre sus obligaciones éticas y jurídicas ante el pueblo salvadoreño. Previamente, la Universidad Centroamericana solicitó a las autoridades que se investigara si el ex presidente Alfredo Cristiani, su ministro de Defensa, general Humberto Larios y cinco generales retirados ordenaron o conocieron antes la matanza, pero los tribunales rechazaron la petición. Estos argumentaron que todos fueron beneficiados por una ley de amnistía de 1993, que también sacó de la cárcel a un coronel, tres tenientes y cinco soldados que acribillaron a los religiosos el 16 de noviembre de 1989, en el marco de la mayor ofensiva militar de la guerrilla. En octubre de este mismo año, la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de amparo contra los sobreseimientos a Cristiani y los seis ex altos jefes militares por la matanza. El pedido de la procuraduría señala que la derogatoria de la ley de amnistía, sería la más importante de las garantías para que no se repitan este tipo de crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno que en doce años se cobró 75.000 vidas.
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