21-07-03

Venezuela: La libertad expresión, un proyecto de ley y el cierre de Catia TVe

Pascual Serrano
Venezuela está siendo un país donde se están desarrollando acontecimientos inéditos que lo están convirtiendo en todo un laboratorio social sin precedentes. No sólo en cuanto al apoyo popular a un gobierno que está afrontando con valentía y dignidad importantes cambios sociales, sino en lo referente al papel de los medios de comunicación. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, no había existido un gobierno sometido a un acoso similar desde los medios. Tampoco éstos habían quedado tan evidencia como en abril del 2002 apoyando un golpe de estado o posteriormente un sabotaje petrolero que buscase la caída de un gobierno legítimamente elegido.

El fenómeno social de los medios de comunicación venezolanos era y es digno de estudio. Han asumido un papel de oposición política sin precedentes y llevan la manipulación y la mentira hasta cotas nunca conocidas. Las portadas de la prensa y los noticieros de televisión son de una agresividad y una impunidad insultantes. El nivel de credibilidad de los medios de comunicación entre la ciudadanía nunca había llegado a ser tan bajo en ningún momento ni en ningún lugar del mundo. Esos tópicos históricos de nuestros abuelos de que “la letra impresa con sangre entra” o “es verdad lo han dicho en la tele”, que representaban la mitificación que sentían los ciudadanos por los medios de comunicación, si bien estaban en decadencia en la mayoría de las sociedad conscientes de su papel manipulador, en Venezuela ha saltado por los aires. Medios de comunicación masivos es sinónimo de golpismo y fascismo, lo que, dicho sea de paso, demuestra el alto grado de clarividencia y lucidez de la sociedad venezolana.

Sin embargo, esos medios seguían rentabilizando a su favor y aprovechándose de ese gran logro de las revoluciones liberales que es la libertad de expresión, aunque fuera prostituyéndola. El blindaje ético de la libertad de expresión garantizaba a los medios una impunidad para el engaño y la mentira extraordinario. A la sombra de esa libertad los medios sembraban infundios contra el gobierno de Hugo Chávez, lanzaban todo tipo de acusaciones (de apoyo a la guerrilla colombiana, de regalar el país a Cuba, de armar grupos paramilitares de apoyo al presidente), bramaban discursos incendiarios desestabilizadores, convocaban a actos de sabotaje o asumían discursos racistas y xenófobos contra negros y clases humildes.

Cuando el gobierno ha pretendido terminar con la impunidad de las grandes empresas de comunicación mediante el Proyecto de Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, la indignación de los alineados con la oposición golpista no ha tardado en aparecer calificando la legislación de agresión a la libertad de expresión.

Ignoran o quieren que ignoremos que la legislación vigente en Venezuela data de 1940, fecha en la que no existía la televisión, y que normativa sobre comunicación existe en todos los países democráticos. La Unión Europea cuenta con varias directivas, una de ellas específica para televisión, EEUU dispone de tres leyes que establecen límites a las radio y televisiones, y de igual modo muchos países latinoamericanos.

Una de las organizaciones que ha tenido una posición más contradictoria y confusa con la situación de los medios de comunicación en Venezuela ha sido la prestigiosa Human Rights Watch. El mismo portavoz de la organización, José Miguel Vivancos, que en diciembre del 2002 reconocía el “carácter político” desempeñado por los medios y pedía a los medios de comunicación privados venezolanos que hicieran “mayores esfuerzos por informar en términos más objetivos, despolitizados, ofreciendo todos los ángulos de la noticias” presentaba un informe en mayo del 2003 en el que expresa sus rechazo a las investigaciones y a la legislación sobre el papel de los medios y afirma que “la mejor protección de las normas de la información, la veracidad y la imparcialidad son los controles voluntarios y el mercado”.

El citado informe, titulado “Entre dos fuegos: La libertad de expresión en Venezuela”, reconoce que durante los sabotajes empresariales contra el gobierno de Chávez entre diciembre del 2002 y febrero de 2003 “los canales privados de televisión emitieron gratuitamente durantes horas la propaganda de los partidarios de los huelguistas” mientras ocho meses antes omitían la reinstauración de Chávez en el gobierno tras un intento fallido de golpe de Estado. También afirma que “existen razones legítimas para estar preocupado por la independencia y la objetividad de la prensa venezolana”.

Sin embargo, para afrontar esa situación se limita a plantear la no intromisión del gobierno argumentando que “los medios de comunicación son principalmente responsables ante el público y no ante el Gobierno”. Gran contradicción puesto que, a continuación sí pide al gobierno que actúe contra una ciudadanía indignada que arremete contra los periodistas y las instalaciones de las empresas de comunicación. ¿No dijeron que el gobierno no se inmiscuyera, que los grandes medios sólo tenían que rendir cuentas ante el público?. Si los medios tienen derecho a que el gobierno les proteja del “público”, también ese público debe tener derecho a que ese mismo gobierno le proteja de los medios.

Desgraciadamente la imparcialidad de Human Rights, la que por otra parte cuenta con una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, ha quedado más que en entredicho en el caso Venezuela y la libertad de expresión. Sirva como ejemplo, que en su página web www.hrw.org/spanish/, entre otras cosas, publican la respuesta de su director ejecutivo, José Miguel Vivanco, a una carta que el vicepresidente venezolano José Vicente Rangel envió a la organización. Sin embargo, no hay rastro ni referencia alguna sobre el contenido de la carta original del vicepresidente venezolano al director de Human Rights. Quizás el hecho sirva de referencia para comprender su concepto de la información.   

Afortunadamente otros organismos han abordado la información venezolana de un modo más riguroso. Bajo el auspicio de especialistas tan acreditados como el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, se creó el Observatorio de Medios de Venezuela www.observatoriodemedios.org.ve  . Este organismo ha elaborado exhaustivos y demoledores informes en los que se evidencian las tropelías de los medios de comunicación venezolanos. Sobre el Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el Observatorio ha llegado a decir que quienes promueven su crítica y lo califican de “ley mordaza” pareciera que forman parte de un plan desestabilizador. Para esta institución, el proyecto gubernamental “no implica en ninguna forma una limitación del Derecho a la Libertad de Expresión”, su aprobación “además de que no transgrede las pautas constitucionales, es un acto de soberanía nacional y permite que Venezuela se ponga a tono con los lineamientos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones”. Para el Observatorio de Medios en Venezuela, y a diferencia de los que critican al gobierno de Hugo Chávez, “existe plena vigencia del Derecho a la Libertad de Expresión. En cambio, ha sido seriamente menoscabado el derecho de los ciudadanos a obtener una información oportuna, balanceada, no tergiversada, debido, sobretodo, al tratamiento sesgado de los contenidos informativos por parte de la mayoría de los medios empresariales”.   

Pero un hecho ha dejado en evidencia a quienes tanto decían defender la libertad de expresión cuando criticaban el citado Proyecto de Ley, el orden de cierre de la cadena de televisión comunitaria Catia TVe a manos de uno de los opositores de Chávez, el alcalde metropolitano Alfredo Peña. Catia TVe ha sido un ejemplo de participación ciudadana, de compromiso con el orden institucional frente a los medios incendiarios que llamaban a la desestabilización del país, un medio que le explicaba a los ciudadanos en qué consistía el proyecto de alfabetización del gobierno Chávez, la ley de tierras, las leyes de pesca o los derechos que les otorgaban a los ciudadanos la constitución bolivariana. El antichavista Alfredo Peña ordenó clausurar arbitrariamente esta televisión, sin aviso previo, ni orden ni presencia judicial, ni acta alguna. Una comisión integrada por un abogado y un ingeniero al servicio de este alcalde soldaron la reja de entrada al pequeño estudio de transmisión secuestrando todos los equipos técnicos.

El clamor de todos los ardientes defensores de la libertad de expresión criticando el proyecto de ley gubernamental ha ido seguido de un silencio sepulcral cuando se ha cerrado una televisión alternativa y comunitaria que no respondía a los intereses de la oligarquía económica y mediática venezolana. Mientras denunciaban el cierre diputados europeos, organizaciones de Estados Unidos, de Europa, México, la Asociación Mundial de Medios Comunitarios, catedráticos e intelectuales de varias partes del mundo y varias organizaciones de derechos humanos, ni el relator de Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión de la OEA, ni el portavoz de la organización Human Rights Watch tan preocupado por la libertad de expresión en Venezuela, ni la Cámara de dueños de medios privados organizados bajo el nombre de "Sociedad Interamericana de Prensa" (SIP), ni la confederación de empresarios Fedecámaras, ni ese remedo de sindicato llamado CTV han denunciado el cierre de Catia TVe.

Se trata de la misma hipocresía que llevó al entonces ministro de Exteriores del gobierno español que apoyó el golpe contra Chávez, Josep Piqué, quien, una vez repuesto el presidente Hugo Chávez tras un golpe que destituyó la Presidencia del país, la Constitución democrática, la Asamblea Legislativa, los 20 jueces del Tribunal Supremo, el fiscal general, el Defensor del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, se limitó a pedir que se "garantice la libertad de prensa".

Incluso hasta en su clausura –temporal porque seguro que Catia TVe volverá a ser recuperada por el pueblo venezolano-, la emisora dirigida por la brillante y valerosa periodista Blanca Eekhout ha iluminado una vez más la realidad venezolana. Ha dejado en evidencia el doble lenguaje de quienes en nombre de la libertad de expresión sólo buscan continuar utilizando en exclusiva sus emporios mediáticos para atacar a un gobierno legítimo mientras miran para otro lado cuando lo que se silencian son las voces populares y comunitarias. 

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