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Acciones de DocumentoEl gobierno español viola legislación internacional cediendo Hispasat a EEUU contra Cuba26-08-03
El gobierno español viola la legislación internacional al ofrecer a EEUU el satélite español Hispasat para interferir el espacio radioeléctrico cubano Pascual Serrano Ya el pasado mes de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano recordaba que esas emisiones al provocar interferencias y afectaciones a las transmisiones radiales cubanas constituyen una franca y grosera violación del Derecho Internacional y las normas y regulaciones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organización internacional con sede en Ginebra, que fuera constituida con el objetivo de promover el buen funcionamiento de las telecomunicaciones en todo el mundo y, en particular, a su Reglamento de Radiocomunicaciones. Las transmisiones norteamericanas de Radio y TV Martí desde Miami utilizan canales y sistemas asignados legalmente a estaciones cubanas de televisión e inscritas debidamente en la ya citada organización internacional. Esta acción violaría el Derecho Internacional y de las normas acordadas por todos los Estados en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en especial del numeral 23.3 de su Reglamento de Radiocomunicaciones, que prohíbe las transmisiones televisivas más allá de los límites nacionales. En virtud del artículo 15.34 del propio Reglamento, la agresión televisiva de Estados Unidos constituye una interferencia perjudicial, provocada por una estación de televisión operando en el canal 13 de VHF (210 a 216 MHz), lo que afecta severamente a los servicios de televisión cubanos debidamente registrados en dicho canal. El propio preámbulo de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones establece la importancia creciente de las telecomunicaciones para la salvaguardia de la paz y el desarrollo económico y social de todos los Estados y, por tanto, declara la necesidad de facilitar el buen funcionamiento de las telecomunicaciones, mediante la cooperación internacional para la realización plena de los objetivos antes expuestos. Las agresiones radiales y televisivas de Estados Unidos contra Cuba evidencian el total desprecio de dicho gobierno por las normas que rigen las relaciones internacionales y suponen una invasión de facto, no del territorio terrestre, pero sí de del espacio radioeléctrico y de su soberanía. La decisión del gobierno norteamericano de relanzar las emisiones mediante la colaboración del gobierno español y del satélite Hispasat es una decisión claramente electoralista del gobierno Bush, para responder así a las presiones de los grupos de exiliados cubanos indignados por la repatriación de los últimos secuestradores de un barco cubano. La propia congresista de origen cubano Ileana Ros-Lethtinen consideró las nuevas transmisiones como un primer paso para la normalización entre la disidencia cubana y la Administración Bush. La labor desestabilizadora y provocadora de Radio Martí quedó en evidencia el pasado año, al provocar un grave conflicto diplomático entre México Cuba después de difundir la falsa noticia de que la embajada mexicana estaba dando asilo a todos los cubanos y que las relaciones entre los dos países se habían roto. Afirmaciones que tuvieron que ser desmentidas por el gobierno mexicano. El acuerdo para la utilización del satélite español durará siete años y supone una implicación clara del gobierno Aznar y de poderosas empresas multinacionales españolas en las conflictivas relaciones entre EEUU y Cuba, esta vez atentando contra la legislación internacional en materia de radiodifusión. El gobierno español, a través de tres empresas públicas (INTA, SEPI y CDTI) posee el 2568 % del capital social del satélite. El resto del accionariado corresponde a grandes operadores de telecomunicaciones (Grupo Auna, Telefónica y Eutelsat), el BBVA y representantes de la industria aeroespacial (EADS-CASA). El presidente del consorcio es Pedro Antonio Martín Martín, que fue secretario de Estado del Gobierno Aznar. Igualmente, entre los vocales del Consejo de Administración hay representantes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La propia página web de Hispasat declara que entre los objetivos del satélite, creado en 1989, está la de ofrecer su servicio al Ministerio de Defensa española para sus aplicaciones gubernamentales. Todo ello evidencia que el alquiler de Hispasat al gobierno norteamericano no es una decisión estrictamente empresarial sino un favor político preelectoral al gobierno Bush a costa del derecho a Cuba a la soberanía de su espacio radioeléctrico y a sus propias telecomunicaciones.
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