12-06-95

Del mito de la inversión extranjera a la realidad de la explotación en las maquilas
Maquilando miseria en Cen troamérica  

Pascual Serrano
La ofensiva ideológica del neoliberalismo ha llevado a los pueblos a la mitificación de la inversión extranjera. Dieciséis horas diarias a menos de cien pesetas la hora, sin permisos por enfermedad, con los sindicatos prohibidos en empresas que no pagan impuestos y fabrican productos para el primer mundo, éso son las maquilas. La industria del ensamblaje en países del Tercer Mundo para su posterior exportación, es un ejemplo de cómo en Centroamérica esta inversión puede empobrecer a los países y explotar a los más débiles.

La mundialización de la economía y el control casi absoluto que poseen las empresas multinacionales sobre la mayoría de los gobiernos del Tercer Mundo y de Centroamérica en particular donde se ven incapacitados de oponer resistencia a cualquier iniciativa neoliberal promovida por la inversión internacional, está permitiendo el despegue de las denominadas Zonas Francas donde convergen los dos principales atractivos para la industria: mano de obra barata y ausencia de impuestos y aranceles.

Se trata de industrias centradas básicamente en el sector textil, electrónico y de componentes de automóvil, cuya fabricación está destinada únicamente a la exportación. El acotamiento de una determinada superficie territorial como zona de producción industrial libre de aranceles e impuestos se inició en algunos países subdesarrollados como un gesto de carácter claramente neoliberal dirigido a atraer inversiones extranjeras que proporcionaran puestos de trabajo aunque fuera a costa de bajos sueldos, legislación laboral inexistente y ninguna intervención fiscal, el paraíso del capitalista. Aunque se pretendió presentar la aparición de Zonas Francas como auténticas zonas de industrialización, la fragmentación del proceso productivo y la mundialización de la economía han permitido que la única función industrial que desarrollan estas zonas es la basada en la rentabilización del bajo coste de la mano de obra existente y la ausencia o incumplimiento de derechos laborales, según ha reconocido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en documentos internos no divulgados al público (1). El trabajo desarrollado en estas zonas se limita a la fabricación de componentes, ensamblaje o labores textiles que necesitan gran cantidad de mano de obra. Según estos informes, en 1975 el número de personas empleadas en Zonas Francas era de 825.000 mientras que en 1985 asciende a 1’2 millones y en la actualidad ya es de 2’5 millones.  

En informes mucho más divulgados por la OIT (2) se reconoce que estas zonas, que esta institución denomina “zonas de elaboración para la exportación”, “están exentas de controles comerciales y ofrecen a menudo un marco institucional adaptado a inversores extranjeros. En los casos peores se prohiben los sindicatos o se restringen su actuación, los salarios son muy bajos y las horas de trabajo excepcionalmente largas, y otras varias salvaguardias, por ejemplo en materia de salud, seguridad y vacaciones, o no se aplican o no se sanciona el incumplimiento de las mismas (3). A veces, la política de laissez-faire provoca violaciones de los derechos humanos. Las empresas pueden infringir derechos de los trabajadores sin temor a que las sanciones legales sean graves”.

El atractivo para las empresa transnacionales asiáticas y norteamericanas está basado en el carácter preferencial que los EE.UU. están dando a la importación de productos cuyos componentes sean norteamericanos que sean ensamblados en estas Zonas Francas mediante labores no cualificadas por medio de obra barata. Según el informe de la OIT elaborado por Rolando Arévalo y Joaquín Arriola (1), “países como Corea y Taiwan que por su expansión industrial están a punto de salir del Sistema General de Preferencia establecido por Estados Unidos, buscan en los países del Tercer Mundo, en especial Centroamérica, espacios que indirectamente les permitan seguir contando con condiciones preferenciales para seguir compitiendo a escala mundial. Si a esto sumamos toda la infraestructura, legal y física, de los países subdesarrollados, condiciones de represión sobre la fuerza de trabajo, las dificultades legales y políticas para organizarse sindicalmente y la ausencia de negociación colectiva por ramas y además encajan con el carácter autoritario y represivo de los procesos de trabajo aplicados en Corea y Taiwan, tenemos que estos países se convierten en puntos claves para la localización de la producción en estos países”.

En El Salvador se crea la primera zona franca en 1974 (San Bartolo), si bien la década de la guerra provocó que este país se viese adelantada en la creación de zonas francas por el resto de Centroamérica.  Tras la firma de los acuerdos de paz en 1992 y ante el previsible exceso de mano de obra procedente de los desmovilizados se dispara en este país la aparición de empresas y plantas maquiladoras hasta superar las doscientas en noviembre de 1994 en las que trabajan unos 21.400 empleados. De ellas, el 88 % de las empresas extranjeras son textiles. Si se estudia la nacionalidad de las empresas se observa que el 73 % son salvadoreñas, seguido de las norteamericanas y las de Taiwan y Corea. Se podría deducir, por tanto, que no es tanta la inversión extranjera atraída por las Zonas Francas,  pero no ha de ser esta la conclusión si tenemos en cuenta que se trata de empresas salvadoreñas subcontratadas por fabricantes norteamericanos quienes controlan desde el suministro de mano de obra hasta los mecanismos de organización de producción, control de calidad, ritmos de trabajo e incluso la política laboral y salarial. En cuanto a las taiwandesas y coreanas su implantación obedece, como ya hemos comentado anteriormente, al interés de aprovechar la cuota de salvadoreña de exportación a Estados Unidos. Así, El Salvador exportó cerca de 400 millones de dólares en productos textiles elaborados en las fábricas maquiladoras y Costa Rica, Guatemala y Honduras alcanzaron los 600 millones cada uno.

La ley, al lado del más fuerte

La legislación salvadoreña (4) considera “maquila” la empresa que posee un “contratista domiciliado en el extranjero, el cual le suministrará en los términos y condiciones convenidas, materias primas, partes, piezas, componentes o elementos que aquella transformará por cuenta del contratante, el que a su vez los utilizará o comercializará según lo convenido”. Esta misma legislación exime a las maquilas de impuestos sobre la importación, la renta, activo y patrimonio e IVA. Respecto a la denominada Zona Franca, las reformas legislativas han establecido prácticamente a todo el territorio nacional como Zona Franca ya que no se requiere que la empresa esté situada en el interior de una zona así calificada, sino que basta con que el Ministerio de Economía declare a una empresa “recinto fiscal”. Si en algún momento la empresa destina al consumo nacional en lugar de a la exportación, su producción, deberá pagar el impuesto de importación de las materias utilizadas en su proceso industrial pero no el resto de los impuestos (IVA, renta, patrimonio, etc.). Esta reforma legal ha provocado que algunas empresas que hasta entonces pagaban impuestos por no estar conceptualizadas como “recinto fiscal” se hayan acogido a esta posibilidad y hayan dejado de pagar impuestos. Por el contrario, los productores nacionales se sitúan en clara desventaja respecto a estas empresas. Las paradojas no terminan aquí, según el artículo 3 de la Ley de Reactivación de las Exportaciones” las empresas tienen derecho a la devolución de un porcentaje del 8 por ciento del valor de sus exportaciones en “compensación tanto sobre los impuestos de importación como de otros indirectos generados por la actividad exportadora” por lo que las empresas reciben del Estado un dinero como compensación de unos impuestos que no pagan. El presidente de la Asociación de Zonas Francas de El Salvador no pudo ser más sincero al declarar en la prensa afín: “Tenemos la posición ideal. Tenemos leyes modernas e infraestructura. Contamos con la voluntad del gobierno y el apoyo empresarial. Tenemos gente laboriosa, nuestro país se encuentra en una posición ventajosa. Somos competitivos y probablemente el país con mayores oportunidades en toda Latinoamérica, a excepción de Chile” (5). Efectivamente, los accionistas de las empresas de las zonas francas lo tienen todo; sus trabajadores, nada.

El papel de Estados Unidos

Estados Unidos considera que vincular los más estrechamente posible las estructuras productivas de los países de su influencia a la economía norteamericana es el mejor mecanismo de tener controlado y evitar cualquier posible movimiento insurgente. Las medidas de fomento de importaciones libres de aranceles, por tanto, poseen un claro carácter de seguridad nacional. Por otro lado, la producción de productos para la exportación permite a estos países adquirir divisas para pagar su deuda externa (6), aunque esto sea en detrimento del consumo y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes. En conclusión, que el dinero que paga EE.UU. por estas exportaciones acabará de nuevo en las arcas norteamericanas.

Pero Estados Unidos consigue más ventajas con esta relación comercial, como es el caso de la ausencia en estos países de controles de contaminación medioambiental que es aprovechado por industrias norteamericanas fuertemente contaminantes que bajo el acápite 9802.00.60 (denominación utilizada para los productos importados conteniendo ciertos metales de origen norteamericano procesados en el extranjero y retornados para posterior elaboración), trasladan a los países de la región las fases más contaminantes del procesamiento de ciertos materiales y metales (uranio, mercurio, azufre) altamente contaminantes. Por último, gran cantidad de estas industrias es de capital norteamericano por lo que, en última instancia, quien se está beneficiando de la ausencia de aranceles son ciudadanos norteamericanos, los habitantes de El Salvador ponen el suelo y la mano de obra barata.

Por último, desde mayo de 1992 y según la sección 936 del Código Fiscal Interno norteamericano, están libres de impuestos federales las inversiones en países centroamericanos que impliquen privatizaciones de lo que fuese sector público: servicios energéticos, transportes, comunicaciones, agua, desarrollo turístico, etc. No hay que desaprovechar ninguna oportunidad para convertir en norteamericano lo que fuese propiedad pública de los ciudadanos del Tercer Mundo.

Situaciones como ésta nos ayudan a desmontar el tópico neoliberal de la salvadora inversión extranjera. Si esta inversión sólo sirve para que inversores extranjeros se enriquezcan en suelo de países del Tercer Mundo, contratando mano de obra barata y eximidos de régimen fiscal alguno para fabricar productos destinados exclusivamente a la exportación que servirán sólo para generar unas divisas que serán destinadas íntegramente al pago de la deuda externa, mejor sería dotarse de una economía, por muy poco industrializada que sea, destinada al consumo de sus habitantes y con un régimen fiscal que permita el mantenimiento de un Administración pública que garantice que unas mínimas prestaciones sociales. La propia OIT ha dado la voz de alarma ante las obsesiones de algunos países por atraer a costa de lo que sea las inversiones extranjeras: “Hace falta manifiestamente una acción internacional para prevenir una degradación competitiva de las normas de trabajo por el afán de mejorar las partes del mercado mundial y atraer inversiones directas extranjeras” (2). En opinión de la OIT, “ se corre el peligro de que queden desbaratados muchos de los progresos logrados en los setenta y cinco años” (2).

El infierno de las maquilas

Según estudios realizadas en 69 empresas maquiladoras salvadoreñas (1), el salario mensual medio en diciembre de 1994 era de 1.262 colones, unas quince mil pesetas, en una ciudad como San Salvador donde el alquiler de un vivienda en un barrio modesto alcanza los 500 colones. El salario más elevado que se encontró no superó las 45.000 pesetas mensuales y dieciséis de las empresas investigadas pagaban una cantidad menor al salario mínimo legalmente establecido. El 78 % del empleo es femenino debido a que, al parecer, poseen una mayor destreza para el trabajo textil y a que en este sector el porcentaje de paro es mayor. La maquila no ofrece ninguna posibilidad de promoción interna en la empresa y los niveles de ingresos están vinculados a la destreza y habilidades manuales, y no a los conocimientos o capacitación profesional de las operarias. En cuanto a la sindicación, en las maquiladoras no está prohibido sindicarse pero a la mínima sospecha de que alguna mujer se asocia es despedida. Las violaciones a la legislación nacional y a los convenios internacionales en cuanto a materia laboral son constantes. Mucho más imposible es hablar de negociación colectiva, ya que no existente en la legislación nacional ni tampoco un marco de contratación colectiva obligatorio. A pesar de que los Acuerdos de Paz entre Gobierno y FMLN contemplaban un Foro de Concertación Económico-Social con intermediación de la OIT, los convenios internacionales relativos a libertad sindical y fomento de la negociación colectiva fueron rechazados por la empresa privada y el Gobierno de El Salvador. Prácticamente no existe ni una sola maquiladora sindicada o delegada sindical, pues “de 50.000 trabajadores contratados en plantas maquiladoras y recintos fiscales, tan solo 500, es decir, el 1 % están afiliados a algún sindicato y todos ellos sufren la persecución constante por parte de la patronal” (1). Según el Comité de Despedidos y Desempleados de El Salvador (Codydes), durante el primer trimestre de 1995 esta organización gestionó diecisiete casos de dirigentes sindicales despedidos sin justificación. Esta misma organización tiene contabilizados durante el primer trimestre de este año 2.028 despidos, 1642 de los cuales corresponden a mujeres. El mes de mayor conflictividad fue el de febrero en el que de 1404 despidos, según los informes de Codydes, sólo 46 fueron justificados. La represión sindical ha llegado a la elaboración de listas negras en las que se incluyen a todas las trabajadoras que han sido despedidas por intentos de organización sindical, incluso en el Ministerio de Trabajo se expiden “certificados de buena conducta” a los trabajadores que lo solicitan para acreditar que no han participado un organización sindical alguna (1). 

En lugar de respetar el derecho sindical, un 17 por ciento de los trabajadores ha recibido cursos de “relaciones obrero-patronal” en los que se intenta desde la empresa llevar a cabo una auténtica política psicológica de sumisión con los trabajadores. Como la misma OIT ha denunciado se trata de “una sutil maniobra encaminada a evitar la sindicación o a fomentar más explícitamente la constitución de sindicatos de empresa” (2).

Otra discriminación ejercida por parte de las maquilas a la mujer es la exigencia previa a la contratación de presentar un examen clínico de no embarazo al objeto de evitar una disminución en su productividad.

Los mecanismo para aumentar la productividad son claramente abusivos. Al contrario del mecanismo lógico de establecer bonificaciones respecto al salario mínimo al superar un determinado nivel de productividad, en las empresas maquiladoras la meta de producción se fija como condición para cobrar el salario estipulado, y el no cumplimiento de la meta implica una sanción a la trabajadora que supone un reducción sobre el salario mínimo.

Entre los abusos en las contrataciones se encuentra el denominado periodo de prueba. Según ha denunciado Codydes, las empresas maquiladoras tienen establecido un periodo de prueba que oscila entre los 15 y 20 días en el que las trabajadoras no cobran. Con ese mecanismo cogen por ejemplo a 100 trabajadoras, seleccionan el 10 % y el resto las despiden para, a continuación, volver a coger otras cien. De este modo siempre hay un personal flotante que trabaja gratis.

Los abusos a las trabajadoras de las empresas maquiladora han provocado múltiples denuncias en la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). Es el caso de una mujer de veinticinco años de edad que trabajaba como costurera en la empresa coreana DOALL-2. Esta trabajadora solicitó permiso para ir a los servicios médicos al encontrarse con fiebre y hemorragias en su tercer mes de embarazo. El permiso le fue denegado por lo que abortó. Igualmente se le negó la baja laboral de quince días establecida por el médico del Seguro Sanitario para recuperarse del aborto y como faltó algunos días a su trabajo se le despidió. Al no querer firmar su despido en lo que sólo eran unas hojas en blanco, se le negó toda indemnización. En otra filial de esta empresa, DOALL INDUSTRIA S.A., las mujeres que intentaban organizar un sindicato fueron insultadas y amenazadas con pistola, se les exigió que firmaran su renuncia y al no hacerlo fueron despedidas sin la indemnización que legalmente les correspondía. Estas representantes declararon en la Comisión de Derechos Humanos que el año y medio que llevaban trabajando, nunca tuvieron vacaciones ni mucho menos, días libres. Igualmente, se les negaba sistemáticamente el permiso para acudir al médico.

Los pocos medios de comunicación que no se encuentran bajo el control de las grandes empresas también se han hecho eco de muchas de las denuncias contra el abuso de las empresas maquiladoras. El Diario Latino de El Salvador (7) denunció el caso de una trabajadora de la Zona Franca de San Marcos, Julia Esperanza Quintanilla,  que murió el dos de marzo de 1995 de una gastroenteritis tras habérsele negado por la empresa coreana Gabo El Salvador el permiso para acudir el médico. El miedo a declarar estos abusos es absoluto, según el Comité de Despedidos y Desempleados de El Salvador, en el caso de la fallecida por peritonitis la denuncia fue hecha pública por sus familiares ya que las compañeras no se atrevieron. Las 19 empleadas que asistieron al funeral fueron despedidas posteriormente por no contar con el permiso de la empresa. Estas mismas compañeras recolectaron clandestinamente un fondo común para la familia de la fallecida, sin embargo, la empresa también les negó el permiso para que una delegación le enviara el dinero. En el  mismo diario salvadoreño (8), se publican las denuncias de las trabajadoras de la empresa maquiladora Perry Management Coorporation S.A., afirmando que las empleadas trabajan los siete días de la semana de cinco y cuarto de la mañana a nueve de la noche sin pago de horas extras alguno. No se les permite ir al Seguro Social y a la que lo hace se le descuenta del salario. Los despidos de quienes se quejan o intentan organizarse sindicalmente son frecuentes, al igual que a quienes disminuyen su productividad o quedan embarazadas. La violencia también se ha cobrado sus víctimas entre los líderes de los trabajadores de las maquilas. En Guatemala, Alexander Gómez Virula, secretario de Finanzas del sindicato de la empresa maquiladora RCA, fue secuestrado el pasado 13 de marzo en la ciudad de Guatemala y apareció muerto una semana más tarde salvajemente golpeado. El sindicalista, de 24 años, había iniciado una demanda laboral junto con otros 70 trabajadores más contra la empresa coreana en que trabajaba.

El abuso al que se ven sometidas las trabajadoras ha llevado a un grupo de mujeres salvadoreñas a crear la denominada Iniciativa Legislativa para las Mujeres, integrada por abogadas, médicos y representantes políticos de izquierda. En las investigaciones e informes hechos públicos por esta organización, se califican de “sumamente penosas” las condiciones de trabajo en estas industrias: malas circulación de aire, espacios estrechos, ausencia de medios de protección industriales, etc. Además de todo ello, continúan los informes, “los trabajadores tienen que aguantar gritos y golpes de los jefes inmediatos, el maltrato especialmente a mujeres embarazadas y la ausencia absoluta de prestaciones laborales”. La Iniciativa Legislativa para las Mujeres ha condenado el “proceso de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, combinando elevados ritmos de trabajo y bajos salarios para atraer la inversión internacional”, así como denuncia que “la cuota del Seguro Social es descontada a todas las trabajadoras, pero no todas reciben su certificado patronal ni gozan de los derechos correspondientes”. Por último, el informe de este colectivo plantea la posible trata de blancas, pues ya se han conocido tres casos de desaparición de trabajadoras.

México y el Tratado de Libre Comercio

La puesta en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio, concedía a México una situación privilegiada en sus relaciones económicas con EE.UU. y, por tanto, a su industria maquiladora, pero no por ello mejoraron las condiciones de los trabajadores de estas empresas. 

Así, en Tijuana, zona muy próxima a EE.UU. donde existen más de quinientas zonas maquiladoras afectadas por el TLC, los salarios se encuentran por debajo del dólar la hora y, según informaciones publicadas por Dennis DeMaio en The Organizer, el abuso a las trabajadoras no difiere de las zonas de Centroamérica no afectadas por el TLC. Según DeMaio, “un procedimiento habitual consiste en asignar trabajos difíciles y peligrosos a mujeres embarazadas de modo que puedan dejarlos antes de que las empresas se vean forzadas a sufragar la baja por maternidad. De modo rutinario, a muchas mujeres se les asignan puestos en lugares de trabajo inadecuadamente ventilados en los que deben respirar humos tóxicos. (...) Los índices de casos de encefalitis al nacer en la zona de Tijuana resultan astronómicos si se los compara con los de otras ciudades mejicanas en las que no existen maquiladoras” (9). Las jornadas laborales son de 48 horas a la semana con unos salarios de 35 dólares y sólo con que el trabajador llegue cinco minutos tarde a su puesto de trabajo, se le suspende tres días de empleo y sueldo. El TLC ha permitido que algunas zonas se vean invadidas de empresas maquiladoras que han empujado a muchos campesinos del sur de México a buscar su subsistencia en empleos de bajos sueldos y a habitar en grandes poblados chabolistas que salpican las faldas de las colinas y los valles que rodean Tijuana. El sindicalismo resulta perseguido al igual que en los países centroamericanos, si bien el mecanismo en México es más refinado mediante el control que ejerce el gobierno mexicano sobre la Confederación de Sindicatos Mexicanos, organización que firma el 90 % de los contratos. Según las leyes mexicanas, explica Dennis DeMaio, “sólo puede existir un representante único de los trabajadores por cada fábrica por lo que cuando algunos trabajadores intentan organizarse en sindicatos independientes se encuentran con la respuesta patronal de que ya están representados por un sindicato <<que defiende su intereses>>“. 

La explotación en la industria de las maquilas está por encima del Tratado de Libre Comercio. Con él o sin él, las clases pobres de Centroamérica y México han entrado en la revolución industrial del modo más violento y humillante que nunca pudieron imaginar. De nuevo el control de la economía por parte de las grandes empresas de los países ricos están imponiendo sus normas y sus condiciones. A partir de ahora, cuando alguien piense en la inversión extranjera como el mito salvador de las economías de los países en vías de desarrollo que no olvide como les va a los salvadoreños o a los guatemaltecos que trabajan en las maquilas.

NOTAS:

(1) OIT. Estudios de casos y educación obrera en zonas francas y empresas maquiladoras en países del istmo centroamericano y República Dominicana. El Caso de El Salvador. Rolando Arévalo y Joaquín Arriola. (San Salvador. Febrero de 1995)

(2) OIT. El empleo en el mundo 1995 (Ginebra, 1995)

(3) OIT y Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales: Economic and social effects of multinational enterprises in export processing zones (Ginebra, 1988)

(4) Decreto 211 del 26 de marzo de 1992 de reforma a la Ley del Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales que modifica el art. 26

(5) La Prensa Gráfica. San Salvador 10 de marzo de 1995

(6) En el caso de El  Salvador es de 2.015 millones de dólares para sólo 5’64 millones de habitantes. El Estado del Mundo 1995. Akal.

(7) Diario Latino. San Salvador 6 de marzo de 1994

(8) Diario Latino. San Salvador 25 de febrero de 1995

(9) Dennis DeMaio. Hell in the Maquiladoras: A First-Hand Account of What NAFTA Has Wrought. The Organizer. 14 de Mayo de 1995

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