15-02-98

Colombia se desangra a manos de los paramilitares

Pascual Serrano
La masacre de Acteal, en Chiapas, ha llevado a las primeras páginas de los periódicos el papel de los denominados grupos paramilitares en la lucha de los gobiernos contra los movimientos populares latinoamericanos. A las puertas del siglo XXI, sin una guerra fría que pueda justificar ante una opinión pública internacional las masacres y la represión de los años setenta y ochenta, y con la necesidad de presentar a los gobiernos latinoamericanos como democracias formales, alguien debe hacer el trabajo sucio de contener a todos los empobrecidos por el neoliberalismo. Porque a pesar de la formidable maquinaria de propagación del pensamiento único, en América Latina son miles y miles las personas que se niegan a morir en nombre del libre mercado.

Iniciados en Guatemala en los años ochenta con el dictador Ríos Montt bajo la denominación de Patrullas de Auto-defensa Civil (PAC), los grupos paramilitares han conseguido su máximo desarrollo no en Chiapas sino en Colombia, el país donde los movimientos guerrilleros han alcanzado mayor capacidad operativa y éxitos militares. En Colombia importantes regiones del país están bajo el control de grupos paramilitares con el apoyo directo del ejército y sectores empresariales cafeteros e industriales, ganaderos y terratenientes, multinacionales1 y narcotraficantes.

Con la puesta en marcha del paramilitarismo se consiguen varios objetivos. El primero de ellos es evitar que las Fuerzas Armadas sean enjuiciadas por crímenes de Lesa Humanidad, es decir, permite llevar a cabo acciones criminales donde no aparecen implicados directa mente los organismos de seguridad del Estado, lo que garantiza la impunidad. Recordemos que en la década de los setenta, las instituciones militares y el Estado colombiano fueron condenados internacionalmente por violaciones de los derechos humanos. Entonces, los hechos de violencia política realizada por las FFAA constituían el cien por cien de los casos, ahora las esta dísticas atribuyen esas acciones a los paramilitares. El segundo objetivo que pretende el Estado es hacer creer que el conflicto armado que vive el país es entre para militares y guerrilla mientras que el Estado y los campesinos están atrapados entre dos fuegos. Es decir, un Estado neutral que hace todo lo posible por salvaguardar la población pero que se encuentra impotente (e inocente). Se intenta, además, en la mayoría de los casos presentar como acciones de la insurgencia colombiana los crímenes de los paramilitares y militares. De este modo desprestigian a la guerrilla o al menos la sitúan al nivel de meros asesinos a sueldo. Este mensaje es ampliamente difundido por los medios de comunicación de todo el mundo. Hace apenas un mes el diario español El Mundo informaba de una masacre de decenas de campesinos ejecutada por paramilitares. La noticia se ilustraba con una fotografía de civiles llorando con un pie de foto que decía: "Campesinos colombianos tras una masacre llevada a cabo por guerrilleros". Quien firma este artículo telefoneó a la sección de Internacional del diario y pidió explicaciones de por qué se publicaba esa foto y ese pie si la noticia era una masacre protagonizada por paramilitares y no por la guerrilla. El redactor reconoció que ese foto grafía no correspondía a la noticia, que procedía de archivo y añadió para justificar su publicación: "¿Acaso hay diferencia entre guerrilleros y paramilitares?".

El paramilitarismo permite al Estado y a sus Fuerzas Armadas realizar operaciones encubiertas de carácter contrainsurgente, movilizar grandes recursos económicos de empresarios nacionales y extranjeros y la contratación de mercenarios sin que se detecte fácilmente la presencia del Estado. Este argumenta que los afectados por la violencia se están defendiendo de las agresiones de la guerrilla y que actúan fuera del control de la Administración. El mercenario de origen israelí Yair Kleim, a su llegada al país se entrevistó directamente con el ministro de Defensa de entonces, el general Manuel Guerrero Paz y posteriormente se incorporó a los paramilitares del Magdalena Medio. Una investigación posterior concluyó que fueron los ganaderos de esta región quienes le contrataron. Los testimonios de la estrecha relación entre ejército y paramilitares son elocuentes. El 3 de marzo de 1996 hubo un enfrentamiento entre los paras y la guerrilla en la vereda La Esperanza. Dos paras resultaron gravemente heridos. A los pocos minutos, un helicóptero del ejército llegó a la zona y los evacuó a Medellín2. Días antes en la localidad de Belén de Bajira, en el departamento de Urabá, una patrulla militar entró en el pueblo. "El capitán al mando, después de citar a la junta de acción comunal y al párroco dijo que quería que reunieran a 30 guerrilleros del pueblo. Los nombres estaban en una lista que les mostró. Cuando les aseguraron que no eran guerrilleros sino campesinos conocidos por muchos del pueblo les dio un ultimátum: o me colaboran o nos vamos y vienen los paras" 3. En otras ocasiones cuando la guerrilla tenía prácticamente reducido un cuartel paramilitar, aparecieron las tropas del ejército e iniciaron el bombardeo y ametrallamiento de las unidades guerrilleras para evitar que fuera aniquilado el centro paramilitar. En el verano de 1996 un operativo del ejército irrumpió una reunión de civiles y guerrilleros en la zona del Valle sin que pudieran ocasionar bajas, en la huida uno de los civiles perdió su documentación, al dirigirse a su casa al día siguiente un comando paramilitar lo ametralló.

La denuncia de la estrecha relación entre ejército y paramilitares en Colombia ha sido realizada incluso por algunos militares como el coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien a pesar de ser el oficial que encabezó las operaciones contra el cartel de Cali y logró detener a sus principales cabecillas, fue dado de baja del ejército por el entonces jefe de las FFMM, Harold Bedoya.

El paramilitarismo es una de las principales causas del éxodo de desplazados en Colombia que se estima en un millón de civiles. Masacres anunciadas por el jefe paramilitar de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, Carlos Castaño, provocaron la huida de cerca de 400 campesinos en Antioquia el pasado 22 de diciembre. A estos hay que sumar las 4.000 personas desplazadas del municipio de Ríosucio según denunció el pasa do 19 de diciembre el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). En sus testimonios los campesinos relataban la muerte de sus familiares, los cuales fueron enterrados en fosas comunes o arrojados al río Jiguamiando por los grupos paramilitares. Todo ello sin la intervención de las fuerzas del orden que no hicieron nada por evitarlo.

Pero junto a estos paramilitares, supuestamente ilegales, se encuentran las doscientas Cooperativas de Seguridad y Vigilancia Civil Rural (CONVIVIR), creadas en 1994 por el actual gobernador del departamento de Antioquia, Alvaro Uribe mediante un decreto presidencial de Ernesto Samper. Bajo ese hipócrita denominación se organiza todo un sistema de autodefensas cuyo objetivo, según su primer encuentro, es "conformar estructuras de apoyo en las tres principales ciudades del país a través de Grupos de Apoyo Urbano, los cuales tienen como principales tareas la consolidación de las finanzas y erradicar las bases de apoyo de la guerrilla como los sindicalistas".

De nada han servido las condenas internacionales a las CONVIVIR procedentes desde Amnistía Internacional a American Watch, el Parlamento Europeo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La idea de que el objetivo de los grupos paramilitares son las organizaciones guerrilleras armadas es otra falsedad difundida por los medios de comunicación. El congreso nacional paramilitar realizado en noviembre de 1994 concluía que: "Por consenso general se aprueba seguir considerando como blancos militares a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda mientras los grupos insurgentes no humanicen la guerra". Fruto de esta política, la coalición de izquierda Unión Patriótica ya cuenta con más de tres mil muertos entre sus filas.

El papel de EE.UU. también es fundamental en la guerra sucia del gobierno colombiano contra los movimientos populares. En las academias militares norteamericanas se han formado 2.400 oficiales colombianos en cinco años. Entre ellos está el general Farouk Yanine Díaz, vinculado a un proceso que investiga las bandas paramilitares en el Magdalena Medio. Este oficial fue entrenado en la tristemente célebre Escuela de las América y fue profesor en el Colegio Interamericano de Defensa de Washington. El pasado año ya se reveló que los manuales de esta escuela detallaban que los agentes de contrainteligencia deben emplear tácticas tales como la de pago de bonos por enemigos muertos, técnicas de acciones encubiertas, organización de fuerzas irregulares (paramilitares), golpizas, detenciones ilegales, ejecuciones y el uso del suero de la verdad. A pesar de las implicaciones del ejército colombiano en la violación de derechos humanos, algo reconocido el pasado 15 de noviembre por el mismo jefe de la misión militar estadounidense en Bogotá, el coronel Robert Newman, Estados Unidos ha reanudado su ayuda militar para Colombia que será de 37 millones de dólares en 1998. El propio Washington Post ha reconocido el pasado 27 de diciembre que serán los grupos paramilitares los más beneficiados de esta ayuda militar. El diario afirma que el paramilitarismo colombiano supera ya los 5.000 hombres y representan el ejército más poderosos y sanguinario que lucha en Colombia. Además de éstos, las CONVIVIR cuentan con más de 30.000 hombres y, según el proyecto, el objetivo es alcanzar los sesenta mil.

Como se ha afirmado en la campaña internacional contra la legalización de los grupos paramilitares en Colombia: "Los organismos de derechos humanos colombianos e internacionales consideran que esta política del gobierno colombiano evidencia que la violencia de este país no es consecuencia del enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares, donde la población está en medio de un fuego cruzado, como se esfuerza inútilmente en plantear el gobierno, algunos gremios, los grandes medios de comunicación y algunos círculos de intelectuales comprometidos en defender la ideología del Estado; sino que es el producto de la política estratégica del Terrorismo de Estado, impulsado por el estado colombiano, el pentágono norteamericano, un buen número de empresas transnacionales interesadas en sacar jugosas ganancias del terrorismo colombiano gremios económicos, latifundistas y narcotraficantes".

1 .-El eurodiputado británico Richard Howwitt reveló en un informe elaborado tras su viaje a Colombia que British Petroleum "pasó fotografías, vídeos e información sobre huelguista y manifestantes al Ejército, lo que desencadenó palizas, asesinatos y desapariciones, y ala detención de manifestantes por subversión". La propia empresa reconoció que destinaba fondos para financiar operaciones de seguridad en las zonas donde operaba.

2.-La paramilitarización de Urabá, boletín de Justicia y Paz, volumen 1, página 19, artículo de Daniel Blando, marzo de 1996

3.- Ibid. Idem, página 26

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