15-10-98

El Tratado Torrijos-Carter establece el 31 de diciembre de 1999 como  fecha de devolución

Estados Unidos presiona a Panamá para evitar entregar la soberanía del Canal

Pascual Serrano
El cumplimiento de los acuerdos firmados en 1977 entre los entonces presidentes norteamericano y panameño, Jimmy Carter y Omar Torrijos respectivamente, por los cuales Estados Unidos tiene que devolver la soberanía del Canal de Panamá y de las bases militares a este país el 31 de diciembre de 1.999 está suponiendo un grave quebradero de cabeza para ambos gobiernos. El gobierno estadounidense está haciendo lo posible por mantener su poder en el canal que no es solamente la explotación del paso de 14.000 barcos anuales sino la existencia de tres grandes bases militares con cinco mil soldados. Por ello, EEUU paga a Panamá 370 millones dólares.

Para la presencia de EEUU en la zona el debate gira en torno a la creación de un Centro Multilateral Antidrogas que contaría con dos mil soldados estadounidenses. Algo, que a juicio, de todos los analistas, no sería otra cosa que una base militar estadounidense que burlaría los acuerdos Torrijos-Carter y que el gobierno de Pérez Balladares difícilmente podría presentar ante los panameños. Según declararon fuentes de la embajada panameña en Madrid a Pueblos, las negociaciones están estancadas ante la negativa de Panamá a la presencia de soldados norteamericanos en el Canal y a que el centro antidrogas tenga un carácter bilateral, la propuesta panameña giraría en torno a un centro multilateral, es decir, la implicación de varios países latinoamericanos y que todo el personal sea civil.

En el lado norteamericano existen posiciones tan contundentes como la del senador Jesse Helms quien, al más puro estilo norteamericano, se opone a aceptar el tratado calificándolo como "disparate" y argumentando que el Canal fue construido con los impuestos que pagaron los ciudadanos estadounidenses y que, por lo tanto, su país tiene derechos de por vida sobre esta zona. Estas afirmaciones confirman las sospechas de los partidos de la oposición panameña de que el CMA no es más que una excusa para seguir manteniendo EEUU el control militar de esta privilegiada región. Sin embargo, el representante del gobierno estadounidense, Robert McNamara, sigue presionando en su propuesta al gobierno panameño y reconociendo que el CMA exigiría que las fuerzas norteamericanas se quedaran doce años más para asegurar el buen funcionamiento del Centro Antidrogas, periodo que Panamá no alarga más allá de tres años.

Como propuesta alternativa, según reconocía el boletín "Inside the Pentagon", una publicación interna del Pentágono, el gobierno norteamericano estaría dispuesto a arrendar la base aérea de Howard, donde ya están instalados rádares y aviones para detectar naves de narcotraficantes. Lo que sí ha dejado claro Estados Unidos es que no está dispuesto a descontaminar los terrenos ocupados por sus bases militares si ha de devolverlos a Panamá. El gobierno estadounidense se ha negado en varias ocasiones a revelar el tipo de armas que se han experimentado en las bases. Se han denunciado pruebas con armas químicas y uranio agotado, así como el almacenamiento de gas mostaza y otros químicos peligrosos. Los mismos militares estadounidenses han reconocido que no podrán descontaminar parte del terreno que ocupan los tres polígonos de tiro porque ni ellos disponen de la tecnología adecuada. Tampoco se han comprometido a limpiar de minas y explosivos las 9.000 hectáreas que ocupan las bases militares a pesar de que el tratado de 1977 estableció la obligación de EEUU de descontaminar estos terrenos. Para liberarse de esta obligación el Congreso estadounidense aprobó unilateralmente en 1995 una ley que le liberaba de esta responsabilidad.

Las claves de la actitud del gobierno panameño sobre las condiciones de devolución del Canal y de las bases militares no están en otro lugar que en las posibilidades de reelección que hasta hace poco tenía el actual presidente Ernesto Pérez Balladares. Posibilidades que se han esfumado tras el referéndum del pasado 30 de agosto en el que el 64% de los votantes dijeron no a la propuesta de modificación de la Constitución que permitía la reelección del presidente. Este resultado quizás sea una buena noticia para EE.UU. porque quizás libere a Pérez Balladares para firmar un acuerdo que impida al pueblo panameño recuperar el control absoluto de su Canal.

El voto contra la reelección no es otra cosa que el mensaje de rechazo de los panameños a la política neoliberal de su presidente en plena euforia de privatización de la Caja de Ahorros, la Caja de Seguro Social, las escuelas, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, la empresa de teléfonos y la empresa de cemento Bayano. Todo dentro del engañosamente denominado Plan de Modernización que comenzó a fines de 1994 por el que ha ingresado 700 millones de dólares sin que ni uno haya ido a aumentar el presupuesto de educación en un país donde 80 de cada 100 niños abandonan sus estudios por tener que trabajar- Se contabilizan 42.000 niños los que trabajan en actividades agrícolas, en la calle o en supermercados hasta altas horas de la noche, según un estudio de Cáritas. En cuanto al nivel de vida de los panameños, según encuestas realizadas por el propio gobierno el 63 % de los campesinos son pobres, es decir, gastan menos de 9.000 pesetas al mes en alimentación, porcentaje que aún es mayor entre la población indígena. El gobierno de Pérez Balladares, relacionado con los gobiernos militares de décadas pasadas, tampoco está exento de corrupción. El defensor del pueblo de Panamá, Italo Antinori denunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las fuertes presiones a las que le somete sectores gubernamentales. La Corte Suprema, por indicaciones del presidente, le prohibió investigar a la Procuraduría General y le retiró el derecho a no ser arrestado durante el ejercicio de su cargo.

Se puede decir, por tanto, que de poco le ha servido al pueblo panameño la política de adhesión inquebrantable a EEUU que sus gobiernos han seguido desde la caida de Noriega y la invasión norteamericana. Tampoco los 370 millones de dólares anuales que paga EEUU a Panamá han mejorado las arcas nacionales como lo demuestra el hecho de que hayan vendido todas las empresas estatales.

Hoy la mayoría de los trabajadores e incluso directivos y miembros de la Junta Directiva que gobierna el canal son panameños.

Panamá no necesita a EEUU para nada, son los norteamericanos quienes desean mantener el control militar y político sobre esa privilegiada zona geográfica. Si el gobierno de Clinton necesita controlar la entrada de drogas en su país lo que ha de hacer es vigilar sus fronteras del Sur con el mismo ahinco que lo hace cuando se trata de inmigrantes mejicanos. No ha de situar sus tropas militares miles de kilómetros más abajo.

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