15-12-98

Pinochet y Castro

Pascual Serrano
Con motivo del procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet, han surgido algunas opiniones que destacan la oportunidad de iniciar procesos similares contra algún presidente del gobierno al que consideran dictador e, incluso, han acusado a los que hemos liderado este juicio, Izquierda Unida, de utilizar un doble rasero según la ideología del gobernante. Sin duda, el presidente cubano Fidel Castro ha sido el principal objetivo de estas acusaciones. Creo que resulta necesario que empecemos a clarificar muchas cuestiones que algunos pretenden confundir. Para empezar, Izquierda Unida, quien es parte de la acusación popular contra Pinochet, nunca se ha negado a que los jueces estudien las acusaciones por genocidio y terrorismo contra cualquier persona, lo que no se puede pedir es que nuestra organización ejerza de acusación popular contra todos a los que alguien considere genocida. Algunos ya entendieron que Fidel Castro lo era y presentaron la correspondiente querella ante la Audiencia Nacional española, otros también lo hicieron contra el Partido Comunista de España. Los jueces ya se han pronunciado sobre ambas, ninguna de las dos ha sido admitida a trámite por no aportar pruebas ni datos algunos de sus acusaciones. No es que la Audiencia se haya estimado incompetente para estas acusaciones o que se haya considerado bajo inmunidad al presidente cubano, argumentos por los que se ha querido que Pinochet no sea juzgado, sino que, repito, los jueces han concluido que la documentación presentada por las acusaciones no aportaba pruebas algunas. Por tanto queda zanjada la cuestión judicial para quienes siguen diciendo que Fidel Castro debe ser juzgado por genocidio. 

Quedan ahora otras diferencias que sería bueno recordar. Pinochet llega al poder bombardeando el Parlamento y dando la orden de asesinar al presidente democráticamente elegido Salvador Allende, su primera actuación es crear un campo de concentración en el estadio de fútbol de Santiago de Chile e iniciar la persecución y asesinato de sus opositores, algunos pueden huir como Pablo Neruda, y otros son asesinados, como Víctor Jara. Por su parte, Castro llega al poder derrocando al dictador Fulgencio Batista, sus primeras medidas son la reforma agraria, que consistirá en repartir los grandes latifundios entre los campesinos, y la creación de brigadas de alfabetización. Veamos ahora quienes son los acusadores ante la Audiencia Nacional para cada uno de los casos. La acusación contra Pinochet está apoyada por las dos principales organizaciones de derechos humanos del mundo, Amnistía Internacional y Human Rights, además de jueces de media docena de países que han pedido la extradición a Londres. En cuanto a las pruebas, Garzón tiene la información sobre las circunstancias de la desaparición, asesinato o tortura de más de cuatro mil personas. Existen, además, valiosos testimonios de arrepentidos como el capitán Scilingo. En cambio, a Fidel Castro, le acusa la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una organización cuya única sede y afiliados están en Miami, que no se le conoce otra actividad de denuncia de derechos humanos en ningún país que el acoso a Castro y que es filial de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA). Miembros de la dirección de esta fundación son los que llevan decenas de años financiando acciones terroristas en Cuba, la última de ellas mediante la contratación de mercenarios que explosionaron varios bombas en zonas turísticas de La Habana provocando la muerte de un turista italiano, el mercenario, de origen salvadoreño, fue detenido y ya ha confesado.

Algunos quizás sigan pensando que en Cuba se vive una triste e injusta dictadura en comparación con las democracias justas e igualitarias de su entorno, como Haití, Colombia o Perú. Quizás también crean que el genocida es el presidente del país que mantiene los mayores índices de alfabetización y cultura de América Latina o menores cifras de mortalidad infantil de la región y no el del país que bombardea una ciudad para retrasar la votación sobre su destitución o que encarcela a quienes cometen el delito de “vender” productos a Cuba (hay un empresario español encarcelado en Estados Unidos por ello). Pero, muy a su pesar, ni las organizaciones de derechos humanos del mundo, ni los jueces de la Audiencia Nacional piensan lo mismo que ellos.

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