17-05-97

Durante toda la crisis los medios manipularon a la opinión pública
La "información única" sobre la masacre al MRTA en la embajada japonesa

Pascual Serrano
Quizás desde la guerra del Golfo no habíamos asistido a un consenso tan absoluto a la hora de presentar una información desde el exclusivo punto de vista del poder establecido. Ya durante el transcurso de los cuatro meses que duró la operación del MRTA se nos presentaron los acontecimientos como una frenética actividad negociadora por parte del gobierno peruano con la mediación de la denominada Comisión de Garantes, comisión que, como después se vería, no garantizaría nada.

Durante esos meses se emitieron desde el gobierno de Fujimori varias informaciones falsas que serían recogidas por los medios de comunicación, y que, a pesar de que posteriormente fueron desmentidas por el MRTA, nunca se rectificó.

Estas informaciones fueron: el ultimátum de veinticuatro horas dado por el comando asaltante (desmentido en un comunicado del MRTA de enero), la existencia de un motín de presos del MRTA en la prisión de alta seguridad de Canto Grande (el comunicado guerrillero revelaría que fue un invento de la policía penitenciaria para disparar contra los presos) y el atentando en Lima a una industria de lanas del que se responsabilizó a los guerrilleros (algo desmentido un otro comunicado). Todas estas informaciones fueron intoxicaciones de Fujimori que serían desmentidas por los guerrilleros en el transcurso de nada menos que quince comunicados que hicieron públicos la representación internacional y la dirección nacional del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru durante el periodo anterior al asalto y que ninguno de ellos, ni íntegro ni parcial, fue publicado en los medios españoles.

Pero el comunicado más vergonzosamente ignorado fue el emitido el día siguiente al asalto y la masacre, el número dieciséis. Ningún medio español lo utilizó ni lo citó a pesar de que era la fuente más oficial de recogida de la posición del MRTA tras el asalto.

Una vez consumado el asesinato de todos los miembros del comando, el control de la información por los grandes medios y las agencias de prensa fue absoluto. Se recogieron las reacciones de quienes se aplaudieron la medida, principalmente gobiernos: el ex presidente peruano Alan García, el gobierno japonés, el español, el ruso, el norteamericano, el argentino, el chileno. En cambio no se le pidió reacciones ni al gobierno cubano ni al partido político colombiano M19, quien en 1980, cuando eran un grupo guerrillero, también tomarían la embajada de la República Dominicana en Bogotá y retuvieron a 17 embajadores y con cuya operación se estableció un claro paralelismo. Se ignoraron las reacciones de otros grupos guerrilleros latinoamericanos que sí hicieron públicas sus posiciones y críticas a la masacre como las colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, el chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez o los comunicados del subcomandante Marcos del Ejército Zapatista o del también grupo guerrillero mexicano Ejército Popular de Liberación.
Las organizaciones de Derechos Humanos independientes no tuvieron tampoco lugar para sus posiciones. Sí en cambio, la Cruz Roja Internacional, quien introdujo uno de los micrófonos utilizados por el ejército peruano en el interior de una guitarra y atendió diligentemente la petición de el día anterior facilitar ropa exclusivamente blanca a los rehenes con el objeto de poder ser identificados por el ejército cuando empezase el tiroteo.

El portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, Rubén Ortega, afirmaría que su organización "no se pronuncia en torno a si la intervención del ejército peruano respetó o no las Convenciones de Ginebra y el derecho humanitario internacional". "Lo único que las convenciones de Ginebra o el derecho internacional humanitario (DIH) dicen, es que la toma de rehenes es una violación del DIH. Para nosotros, lo esencial eran los rehenes'', añadió este portavoz. Por eso mismo que no se pronunciaba es por lo que sus declaraciones fueron recogidas. Quienes si se pronunciaron fueron la acreditada Derechos Human Rights, Amnistía Internacional, la Asociación Americana de Juristas y la Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos. Ninguna estas reacciones fueron recogidas.

Otra de las censuras más clamorosas fue la omisión de las movilizaciones sucedidas en todo el mundo y a lo largo y ancho de nuestro país, muchas de ellas reprimidas violentamente por la policía y apenas recogidas por la prensa local. Si preguntamos a los ciudadanos españoles informados por estos grandes medios, probablemente la gran mayoría están convencidos de que no ha habido protestas populares sobre la masacre. Entre las manifestaciones que este redactor ha tenido conocimiento, que no son todas, hubo concentraciones en las ciudades italianas de Roma. Napolés y Firenze. En la de Roma se produjo una carga policial con helicóptero incluido con un saldo de cuatro heridos y otros cuatro detenidos. En Estocolmo se celebró otra concentración y manifestación bajo la nieve y a dos grados bajo cero con la participación de varios parlamentarios y el secretario general del Partido de la Izquierda.

También hubo mitin y marcha en Montevideo (Uruguay) frente a la embajada de Perú y en Quebec (Canadá). En Dinamarca, los manifestantes ocuparon la embajada japonesa.

En cuanto a nuestro país, el día siguiente al asalto, y sin publicidad alguna, se concentraron cientos de personas frente a la embajada de Perú en Madrid, concentración a la que asistieron y leyeron un comunicado diferentes diputados nacionales y autonómicos de Izquierda Unida y que duró varias horas hasta que la policía cargó para disolverla con un saldo de al menos seis heridos. Nada de ello fue citado en ningún medio de comunicación a pesar de que dedicaron varias páginas al asalto a la residencia.

También se sucedieron durante los días siguientes concentraciones y manifestaciones en Zaragoza, con medio millar de personas convocadas por varias ONG´s; en Santander; en Bilbao, donde los portadores de una pancarta fueron identificados por la ertzaina dotada de material antidisturbios; en Barcelona donde también cargo la policía; además de en Sevilla y Valencia. En Madrid se celebraría de nuevo una manifestación el 6 de mayo. Para los grandes medios que una actuación militar provoque manifestaciones de protesta simultáneas en varios continentes y al menos en siete capitales de provincia españolas no fue noticia.

Lo que no faltó era el dato de que las encuestas peruanas señalaban que la popularidad de Fujimori se había disparado tras "liberar a los rehenes" desde un 38 % a un 67 %, y que el 89 % de los limeños apoyaban la actuación de las tropas. Como declararía al día siguiente del asalto el representante de del MRTA en Europa, Isaac Velazco, a la radio libre valenciana, Radio Klara, resulta vergonzoso que nadie dude de la credibilidad de una encuesta realizada apenas unas horas después de la masacre en un Perú donde Fujimori y sus servicios de inteligencia tienen el control absoluto de los medios, del poder judicial y de las finanzas. ¿Alguien cree que los encuestadores estaban recogiendo opiniones a las pocas horas del asalto en los suburbios de Lima, en la altiplanicie peruana o a los campesinos de la selva?. Esas encuestas, suponiendo que se hubieran hecho, fueron recogidas entre la población de clase alta de Lima, donde, sin ninguna duda, lo que se desea a toda costa es que se aplaste toda contestación social que pueda hacer peligrar sus privilegios, no pueden tener ninguna credibilidad.
Otro debate omitido intencionadamente fue el papel de la Comisión de Garantes, integrada por la Cruz Roja, el obispo de Ayacucho, monseñor Cipriani, y el embajador de Canadá. Una comisión que lo único que garantizó fueron micrófonos para vigilar al comando asaltante y tiempo para excavar unos túneles cuyos trabajos se iniciaron tan solo tres días después de la toma de la residencia.

La denuncia de que Fujimori sólo quería ganar tiempo pudimos ya la hizo el comandante Néstor Cerpa en una entrevista el mes de enero mediante onda corta a los periódicos españoles La Vanguardia y El País, quienes la publicarían el 2 de febrero omitiendo esas afirmaciones de Cerpa. "Se está ganando tiempo y creando las condiciones para una salida militar", afirmaba en unas declaraciones no publicadas el jefe del comando asaltante. El País, cinicamente, así lo reconoció una semana después del asalto afirmando que "estas respuestas no fueron incluidas en aquella difícil entrevista (…) porque no pudieron ser grabadas a tiempo debido a las interferencias policiales" (El País, 29-4-97). No sabemos por qué extraño motivo, tres meses después de la entrevista y una semana del asesinato de todo el comando tupacamarista, las interferencias policiales dejaron de ser un problema y sí se pudieron publicar las declaraciones de Cerpa. Continuando con los medios españoles, tampoco les ha parecido oportuno a ninguno revelar que la empresa española Huarte ha sido una de las constructoras de las cárceles-tumba peruanas, además, para más inri, con Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). Y todo a pesar de haber ocupado gran cantidad de páginas de prensa esta constructora por estar presuntamente implicada en la financiación del PSOE.

En cuanto a la decisión de los guerrilleros de no ejecutar a los rehenes, los medios la han presentado a través de los testimonios del ministro de Agricultura peruano y del jesuita Juan Wicht. Tanto uno como otro, interpretaron la decisión del guerrillero que les custodiaba de no disparar contra ellos como un momento de indecisión o duda. Ningún medio presentó el hecho de no acabar con la vida de los rehenes como una decisión totalmente prevista y planeada por el MRTA en caso de asalto de la embajada. Eso hubiera supuesto reconocerles una grandeza humanitaria incompatible con el carácter "terrorista" del que se les quería dotar. Es imposible que los guerrilleros responsable de la custodia actuaran de modo diferente a como lo tuviesen planeado, la hipótesis de una asalto militar a la embajada y la disyuntiva de disparar o no contra los rehenes debía estar más que resuelta y planificada por el comando del MRTA. También resulta sorprendente que los medios de comunicación occidentales no hayan protestado por el hecho de que tanto el gobierno peruano como el japonés hayan prohibido a los rehenes hacer declaraciones después que algunos de ellos revelaran al diario japonés Asahi que los miembros del comando fueron asesinados una vez desarmados y detenidos. Tampoco ha merecido mayor interés el hecho de que "falten" dos o tres guerrilleros. Según las informaciones del ejercito peruano había diecisiete y según los rehenes, dieciseis, mientras que los cuerpos recuperados son catorce.

La hipótesis de que se han hecho presos a algunos tupacamaristas que podrían ser interrogados, torturados y asesinados, ahora con toda impunidad, apenas se ha planteado, incluso a pesar de que el diario colombiano El Tiempo afirmaba que un comando que decía ser del MRTA había tomado una emisora de televisión local de Bogotá para afirmar que se el ejército mantenían presos a dos miembros del comando.

Sin ninguna duda, de nuevo la población mundial ha vuelto a ser de nuevo privada de una auténtica información plural y neutral sobre los acontecimientos. El hecho resulta grave en cuanto que no se ha tratado de la censura en un determinado país o por determinado gobierno, sino un consenso mundial que ha sesgado la información a todo el "mundo libre" que se vanagloria de la pluralidad de sus medios de comunicación y de su libertad de expresión. En estos tiempos de "pensamiento único", cada vez irá siendo más frecuente asistir a este fenómeno de "información única", la facilitada por el poder, un poder que también es único, el de un neoliberalismo que aplica sus reglas a golpe de sangre y fuego en Perú y en el Tercer Mundo y de manipulación y engaño en el primero.

VOLVER a portada