El pasado 29 de septiembre, día de huelga general en España, escuchamos al gobierno, a la derecha política del Partido Popular, a los medios y sus analistas, expresar su preocupación por que pudieran ejercer su derecho al trabajo quienes no desearan secundar la huelga. Efectivamente, el 29 de septiembre, en España, cuatro millones de personas no pudieron ejercitar su derecho al trabajo. Tampoco pudieron el día anterior, ni el siguiente, ni hoy. Son los cuatro millones de parados a los que el sistema político y económico vigente en España no les permite ejercer su derecho al trabajo.
Sin embargo, ese derecho sólo surge en el discurso de gobiernos, derecha y medios los días en que se convoca una huelga. Ya no lo volveremos a escuchar ni exigir para los días siguientes. El uso discursivo del derecho al trabajo es una de las muestras más hipócritas del capitalismo y sus portavoces. Quienes permiten que no se garantice a millones de personas por imperativo del mercado se desesperan cuando no se garantiza por imperativo de la lucha social. En Centroamérica, en la década de los ochenta, observé una situación similar con la violencia; la repercusión y la trascendencia internacional que tenían las muertes durante los conflictos armados entre gobiernos neoliberales y guerrilla desapareció cuando se firmó la paz a pesar de que las cifras de violencia seguían igual o aumentaron debido a la delincuencia común y la pobreza.
Los defensores del capitalismo aceptan sin rechistar las muertes y los desempleos inherentes a su modelo económico, sin embargo no los soportan cuando van ligados a las luchas sociales. La conclusión es clara: en el fondo, incluso cuando aparentan preocuparse por la violación de los derechos, lo único que les molesta es que los ciudadanos se levanten para luchar por ellos.
